Tras el dictamen de la Unión Europea que consideraba ilegal cobrar este céntimo, el Ministerio de Economía y Hacienda ha decidido llegar hasta la última de las consecuencias para defender esta capacidad normativa de las comunidades autónomas.
La Comisión Europea sostiene que los impuestos especiales sobre los hidrocarburos están armonizados en la UE, por lo que no cumple las condiciones específicas de una directiva de 1992 que prevé la posibilidad de que los productos ya sujetos a impuestos especiales armonizados, como los carburantes, estén gravados además por otros impuestos indirectos.Las Comunidades Autónomas afectadas, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Galicia y Asturias, se pusieron en contacto de inmediato con el ejecutivo, que les afirmó que llegaría hasta el Tribunal de Luxemburgo si fuera necesario en un plazo máximo de dos meses.
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